Migrantes en México, sin acceso al sistema financiero pese a sus solicitudes de asilo
Desde la frontera norte hasta las ciudades del interior, miles de migrantes que cruzan México cada año llevan consigo más que maletas y esperanzas: llevan la necesidad de construir una vida estable, y para eso, necesitan un banco.
Un nuevo estudio lanzado el 30 de octubre por la Escuela de Negocios y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desglosa lo que muchos ya saben en carne propia: el sistema financiero mexicano, pese a sus promesas, sigue cerrando puertas a quienes más las necesitan.
El informe, titulado “Inclusión y Remesas en el Noreste de México”, no solo documenta las barreras que enfrentan refugiados y solicitantes de asilo, sino que también revela una contradicción incómoda: aunque el 60 % de los encuestados califica al sistema bancario como “bueno o excelente”, seis de cada diez han sido rechazados al intentar abrir una cuenta, simplemente porque sus papeles migratorios —legales, vigentes y reconocidos por ley— no son aceptados como válidos por las instituciones financieras. El resultado: el 51 % de quienes viven en movilidad no tiene cuenta bancaria. Y el 79 % sigue viviendo en efectivo: en billetes doblados en el calzón, en sobres de plástico escondidos en la mochila, en manos de agentes de remesas que cobran hasta el 15 % por enviar dinero a casa.
La mayoría de quienes participaron en la encuesta son mujeres —la mitad del total— con una edad promedio de 36 años. Provenientes de Honduras (29 %), Haití (20 %), Venezuela (19 %) y Cuba (15 %), muchas llegan con hijos, con historias de violencia, con el deseo de trabajar y educar. Pero sin acceso a una cuenta, no pueden recibir salarios, no pueden ahorrar con seguridad, no pueden acceder a créditos para un negocio pequeño, ni siquiera pagar el alquiler por transferencia. “No es cuestión de tener dinero, es cuestión de tener derecho”, dice Kathia Ramos Garza, profesora-investigadora del Tec de Monterrey. “Cuando te niegan un banco, te niegan la posibilidad de ser parte de esta sociedad”.
Las remesas siguen siendo el lifeline económico de familias enteras en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Pero cuando el dinero se mueve por rutas informales —a través de conocidos, de agentes sin regulación, de apps no seguras—, el costo se paga en seguridad, en confianza, en tiempo. Cada dólar que se envía así es un dólar menos que llega a las manos de quienes lo necesitan. Y cada transacción fuera del sistema es una oportunidad perdida para que el dinero circule, se multiplique, genere empleo aquí, en México.
La solución no es compleja: basta con aplicar lo que ya está en la ley. La Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, el permiso de estancia temporal, la constancia de solicitud de asilo: todos son documentos válidos. Pero los bancos no los reconocen. El estudio propone una acción clara: reformar los protocolos internos de las instituciones financieras, capacitar a los empleados en las normativas migratorias, y dejar de exigir credenciales que nadie en el país puede darles a estas personas. No se trata de caridad. Se trata de justicia económica.
Detrás de cada número en este informe hay una historia: una madre que camina dos horas para enviar dinero a su hijo en Tegucigalpa; un hombre que guarda sus ahorros en una caja de cartón bajo su cama; una joven que no puede abrir una cuenta para pagar su curso de peluquería. La inclusión financiera no es un lujo para los migrantes. Es el primer paso para dejar de ser invisibles. Y si México quiere ser un país donde se construya futuro, no puede seguir ignorando que ese futuro ya está aquí —y que lleva papeles, no pasaportes.
