El agua es un derecho, no una mercancía

El domingo 2 de junio de 2024, cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos votamos por la continuidad de la Cuarta Transformación y por la llegada de la primera mujer presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien, durante su campaña presidencial, presentó 100 compromisos hacia su plan sexenal de gobierno.

En materia hídrica, se comprometió con hacer de México una “República con derecho al agua”, incorporando tres compromisos: un programa de ordenamiento de concesiones; la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios; y proyectos estratégicos para reciclamiento de agua en 16 entidades.

Dicha propuesta de política pública, que fue apoyada por la mayoría del pueblo en las urnas, hoy es concebida en el Plan Hídrico Nacional 2024-2030, cuyo propósito central es garantizar el derecho del pueblo al agua, priorizando su uso para consumo personal y doméstico. Para lograrlo, es necesario contar con una legislación que asegure la justa distribución del vital líquido, especialmente en las regiones con estrés hídrico.

Así, este jueves, en el Senado de la República aprobamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley de General de Aguas. La base de esta legislación es cambiar la visión de la gestión del agua y garantizar su abasto como un derecho humano y como bien de la Nación, reivindicando la rectoría del Estado eliminada en la reforma de 1992 -cuando se permitió a la iniciativa privada el aprovechamiento y distribución de los recursos hídricos.

El paradigma hídrico de la Cuarta Transformación es una respuesta a la tendencia privatizadora que caracterizó a los gobiernos neoliberales, especialmente, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, periodo donde se emitieron 526 mil concesiones al sector privado, en detrimento de la gente que no tiene acceso al agua.

Ahora, se fomentará el uso adecuado y de cuidado de los recursos hídricos, incluyendo una cultura de sostenibilidad, aprovechamiento del agua pluvial, así como la promoción de la participación social y comunitaria. Para ello, la legislación aprobada establece el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La implementación medidas contra el acaparamiento y el uso ilegal de un bien público será coordinada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por su parte, se protegerá a los usuarios domésticos en situación de vulnerabilidad, prohibiendo a los organismos operadores suspender o restringir totalmente el servicio de agua potable por falta de pago, obligándolos a garantizar el suministro mínimo indispensable.

Es importante señalar la legislación en materia de agua no fue determinada de forma unilateral, sino surgió del diálogo público a través de foros de discusión en las 13 regiones hidrológicas administrativas, donde se reconoció la urgencia de reconocer el agua como un bien público con un enfoque humanista y participativo, y no como una mercancía.

El agua es un derecho del pueblo, no una mercancía.

Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República