Congreso de Sonora analiza reforma para fortalecer la protección de datos personales
La iniciativa de la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia busca establecer requisitos claros para el consentimiento en el tratamiento de información personal por instituciones públicas, además de reforzar la protección de datos de menores de edad y personas con incapacidad declarada
El Congreso de Sonora, a través de un Foro de Parlamento Abierto con sede en la Universidad de Sonora Campus Nogales, analizó una iniciativa legislativa para fortalecer la certeza jurídica sobre el consentimiento expreso en el tratamiento de datos personales por parte de instituciones públicas.
El proyecto, impulsado por la legisladora María Eduwiges Espinoza Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena, propone adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, con el propósito central de evitar interpretaciones discrecionales y prácticas institucionales opacas.
Para lograr un tratamiento legítimo, la propuesta establece que el aval de la persona titular debe cumplir con cuatro características fundamentales: ser libre de vicios o coacción; específico para finalidades concretas; debidamente informado mediante el aviso de privacidad; e inequívoco, con elementos indubitables de su aprobación.
Asimismo, la reforma fija lineamientos estrictos de representación legal para proteger la información de menores de edad y personas con incapacidad declarada.
Al encuentro asistieron estudiantes y docentes de Derecho, autoridades educativas y ciudadanos, con la participación de la diputada local Marcela Valenzuela Nevarez e intervenciones ciudadanas que destacaron la necesidad urgente de proteger la privacidad en las instituciones académicas frente al avance de las plataformas digitales y los expedientes escolares electrónicos.
Juan Carlos Aguilar Polanco, subdirector de Estudios Legislativos, explicó ante los asistentes que esta adecuación armoniza la normativa estatal con las directrices nacionales. Con estos ajustes, el Poder Legislativo busca prevenir el uso indebido de datos sensibles en rubros críticos como seguridad pública, salud, programas sociales y educación.

