Acoso sexual: Opacidad de la FGJE en caso contra entrenador
Señalan falta de avances en la investigación pese a evidencia presentada; exigen protección legal y alertan a otras familias
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora enfrenta acusaciones de inacción en un caso de acoso sexual a una menor por parte de su entrenador de voleibol. La familia de la víctima denuncia opacidad y falta de avances significativos en la investigación, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas.
El caso, que involucra al entrenador Jesús Alfredo “N”, se remonta a diciembre de 2024, cuando comenzaron los hechos de acoso que culminaron con tocamientos durante un viaje de competencia a Hermosillo. Existe una denuncia formal ante el Centro de Atención Temprana en Nogales (SON/NOG/FGE/2025/009/08873, carpeta de investigación ATP/NOG/099/00708/2-2025), con una medida de protección, ya caducada, emitida el 13 de febrero de 2025.
La evidencia, que incluye mensajes de texto, audios y llamadas, revela una obsesión compulsiva del entrenador hacia la menor, quien actualmente recibe atención psicológica por el daño emocional sufrido. A pesar de las frecuentes visitas de los padres a la Agente del Ministerio Público, el caso permanece estancado.
La joven víctima ya no participa en el equipo de voleibol, que el entrenador sigue dirigiendo en privado con varios grupos de niñas menores de edad. Su acceso a las ligas oficiales está restringido por el Instituto Municipal del Deporte, limitándose a torneos privados de dos instituciones educativas. Esta situación genera preocupación por la seguridad de otras menores.
La denuncia pública busca alertar a otras familias sobre la importancia de extremar precauciones al confiar en entrenadores deportivos y exigir a la Fiscalía que actúe con la diligencia que el caso requiere. Se ha confirmado que el entrenador fue despedido de una universidad y un colegio privado por conductas inapropiadas, pero sin que esto haya derivado en denuncias formales anteriores a esta, solo en restricciones impuestas por el Instituto del Deporte.
La familia destaca la insuficiencia de la medida de protección de 60 días, vencida desde el 13 de febrero, que contemplaba la prohibición de acercamiento, vigilancia policial y auxilio inmediato. La falta de avances en la investigación y la continua actividad del entrenador con menores de edad ponen en riesgo a más niñas y exigen una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
