Sheinbaum exige a Uber no trasladar costos a los usuarios
El debate sobre quién debe absorber los costos de la reforma laboral para plataformas digitales enciende la discusión entre autoridades y empresas; mientras el gobierno federal insiste en que las compañías tienen márgenes suficientes para asumir la carga sin afectar a los usuarios, las apps argumentan que los nuevos requisitos impactan directamente su modelo de negocio
Con un tono conciliador pero firme, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó la controversia con Uber durante su conferencia matutina. "Comprendemos las presiones económicas que enfrentan las empresas," declaró, "pero la seguridad social de los trabajadores de plataformas digitales es innegociable. Buscamos una solución justa para todos."
Datos clave del conflicto:
- Más de 400,000 repartidores y conductores ya están inscritos en el IMSS, representando un avance significativo en la protección social.
- Uber argumentó que los incrementos tarifarios, hasta del 7% en algunas zonas, son necesarios para compensar los costos de la nueva legislación laboral.
- La STPS ha iniciado un periodo de diálogo con Uber y otras plataformas para analizar el impacto real de la reforma en sus operaciones.
La disyuntiva radica en cómo balancear la necesidad de proteger a los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas. Uber asegura que sus nuevos precios buscan garantizar ingresos justos a sus conductores y evitar un deterioro del servicio. El gobierno, por su parte, reitera su compromiso de lograr una economía digital inclusiva, donde la preocupación por las ganancias empresariales no se anteponga a los derechos de los trabajadores.
Sheinbaum reiteró el orgullo de México por ser un referente global en la protección social de los trabajadores de plataformas digitales, enfatizando la importancia de un diálogo abierto y constructivo. "Creemos en la colaboración, no en la confrontación," afirmó la mandataria.
Mientras las negociaciones continúan, la atención se centra en la respuesta de otras plataformas como Didi y Rappi. El caso Uber podría sentar un precedente crucial para la regulación de la economía digital en México y en otras partes del mundo, marcando un punto de inflexión en la relación entre el gobierno, las empresas tecnológicas y los trabajadores independientes.
