Tensión entre México y EEUU por propuesta de impuestos a remesas
Las remesas, ese flujo vital de dinero que conecta a millones de familias mexicanas con sus seres queridos en Estados Unidos, está en el ojo del huracán; un debate que trasciende fronteras y toca directamente la vida de miles de mexicanos se está desarrollando en el corazón del Congreso estadounidense
Un nuevo frente de batalla se ha abierto en la relación entre Estados Unidos y México: un impuesto del 5% a las remesas propuesto por el Representante Jason Smith (Republicano, Misuri), bajo el controvertido proyecto de ley "One Big Beautiful Bill". Esta iniciativa, que ha generado indignación en México, amenaza con afectar profundamente la economía y el desarrollo social del país azteca.
La propuesta ha sido recibida con fuertes críticas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien, citando una misiva de una comisión senatorial mexicana, la calificó como una "injusticia discriminatoria" y una "doble tributación". La preocupación es comprensible: las remesas representan una inyección vital de 64 mil millones de dólares anuales a la economía mexicana, equivalente al 4% de su PIB. Este flujo de capital, mayoritariamente enviado electrónicamente, sustenta el desarrollo de comunidades rurales y la calidad de vida de millones de mexicanos.
El impacto va más allá de las cifras macroeconómicas. Carlos Marentes, director ejecutivo del Border Farm Workers Center en El Paso, Texas, señala la injusticia de una doble imposición: "Los trabajadores agrícolas que envían remesas ya han pagado impuestos en Estados Unidos. Esta nueva carga impacta directamente sus ingresos y la ayuda que pueden enviar a sus familias." La situación se complica aún más al considerar las comisiones que se cobran por las transferencias electrónicas, que representan un gasto adicional para quienes ya se encuentran en una situación económica precaria.
El alcance social del problema es innegable. Las remesas han sido la columna vertebral de programas gubernamentales mexicanos como "3x1" y "2x1", que fomentan la inversión en infraestructura en comunidades rurales con la coparticipación de los migrantes. Escuelas, carreteras y centros comunitarios son solo algunos ejemplos de proyectos financiados gracias a estas contribuciones.
La implementación de este impuesto podría tener consecuencias devastadoras. Forzaría a los migrantes a recurrir a métodos de envío de dinero más inseguros y costosos, comprometiendo aún más la economía de las comunidades receptoras. Considerando que un porcentaje significativo de trabajadores agrícolas, de la construcción y de la industria de servicios en Estados Unidos son migrantes que remiten dinero a México, según datos del Pew Research Center, las implicaciones de esta medida son de enorme magnitud, y no se limitan al ámbito económico, sino que profundizan la desigualdad y el desamparo de millones de familias.
