Ejército mexicano señalado por la CNDH en la muerte de seis migrantes
Chiapas, un estado marcado por la complejidad de su geografía, también lo está por la intrincada red de intereses que convergen en su territorio; desde el tráfico de drogas hasta la migración irregular, la región se encuentra en un constante juego de fuerzas que, a veces, deja consecuencias devastadoras
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha destapado un operativo militar fallido en Chiapas, durante los primeros días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dejó un saldo trágico para una caravana de migrantes. El incidente, ocurrido el 1 de octubre del año pasado, en medio de un enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación del ejército.
De acuerdo con el documento de la CNDH, seis migrantes (entre ellos una menor) murieron y nueve más resultaron heridos durante el ataque. Las víctimas eran originarias de Egipto, El Salvador y Perú. El reporte detalla la falta de protocolos por parte de los militares, señalando que dos de ellos podrían ser responsables penalmente por el uso excesivo de la fuerza, al no intentar opciones menos letales y no comprobar la inevitabilidad del uso de armas de fuego.
La CNDH exige a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) una reparación del daño a las víctimas y la urgente implementación de un Protocolo de Atención a Personas Migrantes. La investigación de la CNDH ha puesto de manifiesto la necesidad de una capacitación más exhaustiva y la aplicación estricta de los protocolos de actuación en situaciones que involucran a civiles, especialmente a poblaciones vulnerables como los migrantes.
El informe destaca la preocupante situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en su tránsito por México, expuestos a la violencia del crimen organizado y a la posible actuación errónea de las fuerzas de seguridad. La militarización de la lucha contra el narcotráfico, según el informe, ha generado consecuencias devastadoras para la población civil.
El caso ha generado un debate nacional sobre la estrategia de seguridad y el papel del ejército en la protección de los derechos humanos. Se cuestiona la efectividad de la militarización en la solución del problema de la migración irregular y la lucha contra el narcotráfico, mientras persisten las violaciones de los derechos humanos.
La respuesta de la SEDENA a las conclusiones del informe de la CNDH y las medidas que se implementen para evitar futuros incidentes, serán cruciales para determinar si se aprende de esta tragedia y se trabaja hacia un futuro donde los derechos humanos de los migrantes sean efectivamente protegidos. El futuro de las políticas migratorias y de seguridad en México está en juego.
