EEUU endurecerá el examen de ciudadanía para inmigrantes
El debate sobre los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense podría dar un giro radical en los próximos meses; fuentes cercanas a la administración federal adelantaron que se evalúa modificar sustancialmente el examen de naturalización, un movimiento que alinearía con la retórica de control migratorio que ha marcado esta administración
La ola de cambios en el proceso de naturalización estadounidense comienza a romper. No se trata de un simple ajuste, sino de una reestructuración completa del sistema, según declaraciones de funcionarios del gobierno. El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, ha anunciado una serie de medidas que buscan endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía norteamericana.
- Se elevará el puntaje mínimo de aprobación del examen de ciudadanía del 60% al 75%.
- Se añadirá una nueva sección al examen que evaluará la comprensión y análisis de los valores constitucionales.
- Se restablecerá la práctica de entrevistar a testigos colaterales, una medida que no se utilizaba desde 2005.
El gobierno justifica estas modificaciones alegando la necesidad de asegurar que los nuevos ciudadanos comprendan a fondo no solo la historia de Estados Unidos, sino también los principios que rigen su funcionamiento. La decisión llega en un momento de creciente escrutinio sobre el proceso de naturalización, con algunos legisladores expresando preocupación por lo que consideran una tasa de aprobación excesivamente alta (actualmente del 92%).
Fuentes internas revelan la existencia de un memorándum que instruye a los oficiales de inmigración a adoptar una postura más escéptica durante las entrevistas. Simultáneamente, el Departamento de Seguridad Nacional creará una unidad dedicada a la detección de fraudes en la documentación presentada por los solicitantes, prestando especial atención a los certificados de residencia y los registros laborales.
El impacto de estas medidas podría ser significativo. Analistas prevén un aumento considerable en el tiempo de procesamiento de las solicitudes, con un posible retraso del 40% en estados con una gran demanda como California y Texas. La controversia ya ha comenzado, con organizaciones defensoras de los inmigrantes prometiendo acciones legales, argumentando que las reformas imponen una prueba ideológica innecesaria e injusta a los aspirantes a la ciudadanía.
