Juez bloquea despliegue militar de Trump en Los Ángeles
El escenario político en Estados Unidos vuelve a tambalearse tras una decisión judicial que marca un precedente en el uso de fuerzas militares en tareas civiles; un tribunal federal acaba de tumbar una de las estrategias más polémicas del gobierno de Trump, generando un debate sobre los límites del poder presidencial
Un juez federal ha frenado en seco el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Trump el pasado mes de junio. La decisión, que llega tras meses de tensión y protestas, sienta un importante precedente legal sobre los límites del poder presidencial en materia de seguridad interior.
La resolución, emitida por el juez Charles Breyer, declara que la acción de Trump viola la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de tropas federales para labores policiales. El juez fue contundente al afirmar que el gobierno federal empleó "sistemáticamente soldados armados, muchos con identidades ocultas, para controlar protestas y establecer perímetros de seguridad", una práctica incompatible con el marco legal vigente.
Entre los puntos clave del fallo:
- Se prohíbe a los efectivos de la Guardia Nacional participar en detenciones, registros o el manejo de disturbios.
- La prohibición entrará en vigor el 12 de septiembre, permitiendo al gobierno federal presentar una apelación.
- El juez enfatizó que la actuación del gobierno equivalía a crear "una fuerza policial bajo el mando exclusivo del presidente," socavando el sistema de pesos y contrapesos.
El conflicto se originó en las protestas contra las redadas de inmigrantes en California, donde Trump desplegó 2,000 efectivos, desafiando la oposición del gobernador Gavin Newsom. El expresidente justificó su decisión argumentando que evitó la destrucción de Los Ángeles, una afirmación que el juez ha desestimado.
Si bien la Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente movilizar tropas en caso de que un estado no pueda controlar una rebelión, el tribunal consideró que esta situación no se daba en Los Ángeles. Esta interpretación legal refuerza la limitación del poder presidencial en casos de emergencia interior.
La sombra de esta resolución se extiende a Washington D.C., donde Trump empleó la misma estrategia semanas después, argumentando "niveles de violencia inmanejables." La posibilidad de futuras acciones legales contra estas intervenciones se vislumbra en el horizonte.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles celebran el fallo como una victoria crucial contra la "militarización de las calles". El futuro inmediato del despliegue de la Guardia Nacional en ambas ciudades permanece incierto, mientras se aguarda la posible apelación del gobierno y se debaten las implicaciones a largo plazo de este importante precedente legal. El debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles promete continuar.
