El requisito de "buen carácter moral" dificulta la obtención de la ciudadanía estadounidense
El camino hacia la ciudadanía estadounidense acaba de volverse más complejo. Mientras muchos aspirantes se enfocan en el examen cívico o el tiempo de residencia, hay un requisito que está generando interrogantes: el "buen carácter moral" (GMC, por sus siglas en inglés); no se trata de un simple trámite, sino de un filtro que podría decidir el futuro de miles de solicitantes
Un nuevo protocolo de evaluación para la naturalización estadounidense ha generado preocupación entre los solicitantes. El USCIS, según fuentes anónimas, ha implementado medidas más estrictas en el proceso de concesión de la ciudadanía, analizando a profundidad la vida de los candidatos más allá de los antecedentes penales.
Los cambios, que entraron en vigor el 15 de agosto, se basan en un nuevo memorándum interno (PM-602-0500) que amplía el alcance de la investigación a los cinco años previos a la solicitud, incluyendo incluso el periodo posterior a la presentación de la misma, hasta el día de la ceremonia de naturalización.
Algunos de los puntos más relevantes de este protocolo multidimensional incluyen:
- Un análisis exhaustivo de las redes sociales del solicitante, buscando posibles indicios de "manifestaciones de desprecio al Estado de Derecho".
- La consideración de infracciones menores repetidas, como multas de tráfico, como un "patrón de irresponsabilidad" que podría afectar la solicitud.
- La evaluación de la conducta del solicitante, incluyendo sus contribuciones a la comunidad y su adherencia a las leyes, aunque no existan cargos penales.
Abogados de inmigración han expresado su inquietud ante estas nuevas normas, advirtiendo sobre la falta de claridad y la subjetividad en la interpretación de los criterios. "Es un cambio radical," comenta Miguel Vargas, experto en derecho migratorio con más de dos décadas de experiencia. "Los solicitantes deben ser extremadamente cuidadosos, pues la falta de claridad abre la puerta a interpretaciones arbitrarias."
La base legal para estas nuevas medidas se sustenta en la Ley de Inmigración de 1990 (INA 101(f)), la Reforma de 1996 y la Doctrina Matter of Ortega-Lopez, pero la aplicación práctica parece ser mucho más rigurosa de lo que se había visto previamente.
El aumento significativo en las solicitudes de naturalización durante el último año fiscal (un 37%, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional) podría ser el factor principal detrás de este endurecimiento de las políticas. Si bien se busca agilizar el proceso, las nuevas reglas implican un escrutinio más profundo y potencialmente más injusto para los solicitantes.
