Gobierno de EEUU usará datos de Medicaid para rastrear a migrantes
En un movimiento que profundiza las políticas migratorias más duras de los últimos años, el gobierno federal de Estados Unidos ha cruzado una nueva línea; según documentos obtenidos por The Associated Press, las autoridades ahora podrán rastrear a través de un programa diseñado para proteger la salud de los más vulnerables
Siete estados demócratas en pie de guerra contra la administración Trump. La decisión del gobierno federal de otorgar acceso temporal al ICE a la base de datos de Medicaid ha desatado una ola de protestas y demandas legales. La medida, que permitirá a los agentes de inmigración consultar información sensible de millones de estadounidenses, ha sido calificada como una flagrante violación a la privacidad médica y un intento de intimidar a las comunidades inmigrantes.
El acceso a datos como nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, datos demográficos y números de Seguro Social, según justifica la administración Trump, busca prevenir el acceso de inmigrantes irregulares a los beneficios de Medicaid. Sin embargo, críticos argumentan que esta justificación es superflua, ya que la ley ya prohíbe la inscripción de indocumentados, salvo en emergencias médicas. La verdadera preocupación, afirman, radica en el efecto disuasorio sobre quienes, con derecho a acceder a la atención médica, temen ser deportados.
La indignación se centra particularmente en los siete estados gobernados por demócratas, California, Nueva York, Illinois, Washington, Oregón, Colorado y Minnesota, que habían implementado programas estatales de cobertura de salud para migrantes indocumentados. Estos estados, ya enfrentados a órdenes federales previas para compartir datos con el ICE, han amenazado con acciones legales, alegando la vulneración de leyes de privacidad médica y la creación de un clima de miedo que perjudica la salud pública.
La medida, que se suma a un acuerdo similar alcanzado con el IRS en abril, ha generado una fuerte reacción de expertos legales, quienes advierten sobre el potencial efecto disuasorio para que los inmigrantes, incluso aquellos con derecho legal a los servicios, acudan a recibir atención médica. La decisión, en el contexto del objetivo declarado por la Casa Blanca de un millón de deportaciones en su primer año, se considera una estrategia para criminalizar a los inmigrantes y reforzar un clima de hostilidad hacia ellos.
El acceso a la base de datos de Medicaid por parte del ICE representa un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración y el acceso a servicios básicos en Estados Unidos, una disputa que promete agudizarse en las próximas semanas y meses, con consecuencias inciertas para millones de personas.
