Tribunal declara inconstitucionales aranceles de Trump; el caso llega a la Suprema Corte
La semana pasada, la escena política estadounidense estuvo agitada. La tensión se palpaba en el aire, una tensión que trascendía las habituales disputas partidistas; se trataba de algo más profundo, algo que afectaba directamente el bolsillo de millones de personas y la relación internacional del país
Un fallo judicial sorpresivo sacude los cimientos de la política económica estadounidense. Un panel de la Corte de Comercio Internacional ha emitido una decisión que cuestiona la autoridad del presidente para imponer aranceles de manera unilateral, generando un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial. El veredicto, emitido el miércoles, declara inconstitucional una parte clave de la política arancelaria implementada por la administración Trump, específicamente los aranceles impuestas a Canadá, México y China bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA).
La decisión judicial, que suspende de manera inmediata los aranceles anunciados el pasado 2 de abril, ha desatado una ola de reacciones. La Casa Blanca ha calificado el fallo como un ataque a la soberanía nacional, argumentando que la paralización de los aranceles causará daños irreparables a la economía estadounidense. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró que la administración apelará la decisión ante instancias superiores, mostrando una férrea determinación para revertir el fallo.
Desde el bando republicano, la respuesta ha sido visceral. Asesores cercanos al expresidente Trump han arremetido contra la Corte, acusándola de activista y de intentar socavar la autoridad presidencial. En declaraciones a Fox News, Jason Miller acusó a los jueces de “desconectados de la realidad” e incapaces de comprender las complejidades de la política económica global. La retórica incendiaria ha intensificado el debate político, acentuando la polarización existente en el país.
El gobierno cuenta con un plazo de 10 días para cumplir con la orden judicial, prohibición que incluye cualquier modificación a los aranceles en disputa. La Casa Blanca ya ha anunciado su intención de apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, preparándose para una batalla legal que promete ser larga y compleja. El resultado final, sin embargo, tendrá implicaciones de largo alcance para el sistema legal estadounidense y para las relaciones comerciales internacionales.
Más allá del resultado judicial, este caso pone en evidencia la creciente tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, un tema que sin duda seguirá dominando la agenda política en los próximos meses. La incertidumbre que genera este conflicto judicial impacta la economía global y resalta la fragilidad del actual sistema de comercio internacional.
