Aumento de redadas migratorias: 500 agentes de CBP desplegados en ciudades estadounidenses
La semana pasada estuvo llena de noticias impactantes, desde el alza en el precio del aguacate hasta el lanzamiento de la nueva canción de Bad Bunny; pero entre todo el ruido mediático, algo pasó casi desapercibido, una movida que podría cambiar la dinámica migratoria en Estados Unidos
Un reporte exclusivo de The New York Times revela una operación encubierta de gran escala, dirigida por la administración Trump, que involucra a cientos de agentes federales desplegados en ciudades de todo Estados Unidos. La operación, que hasta ahora ha permanecido en secreto, representa un cambio significativo en la estrategia de inmigración del gobierno.
La investigación periodística indica que más de 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), provenientes de diferentes divisiones, están participando en operativos conjuntos con otras agencias federales como el ICE, la ATF, la DEA, y el FBI. Estos agentes, habitualmente dedicados a la vigilancia fronteriza, ahora se encuentran realizando redadas y detenciones en el interior del país, enfocándose en individuos en situación migratoria irregular.
Fuentes anónimas dentro del gobierno afirman que el objetivo principal de la operación es aumentar drásticamente el número de arrestos de inmigrantes indocumentados, sin necesidad de una aprobación explícita del Congreso. Esta estrategia, calificada por algunos como agresiva y controvertida, se basa en la reasignación de recursos y el aprovechamiento de la Orden Ejecutiva 14159, que amplía el poder de deportación del gobierno.
El despliegue de agentes de la CBP incluye:
- Agentes de la Patrulla Fronteriza: Expertos en rastreo y vigilancia.
- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo: Con experiencia en el procesamiento de inmigrantes.
- Miembros de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas: Proporcionando apoyo tecnológico y logístico.
A pesar de la falta de transparencia y las preocupaciones sobre los derechos humanos, la administración alega que la operación ha resultado en una disminución de los cruces ilegales en la frontera sur. Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos civiles cuestionan la efectividad de esta estrategia y denuncian el posible abuso de poder.
El secretismo que envuelve esta operación ha generado una intensa controversia, con el Congreso exigiendo información y transparencia al gobierno. La falta de rendición de cuentas y la posible violación de derechos civiles han generado un debate nacional sobre el balance entre seguridad y el debido proceso.
La administración Trump defiende su estrategia argumentando que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional, mientras que los críticos la acusan de ser una táctica políticamente motivada que ignora los derechos humanos de los inmigrantes y exacerba las tensiones sociales.
