Controversia: Feministas protestan contra concierto de Nodal en Morelia
El escenario político y cultural de Michoacán se ha convertido en el centro de un debate incómodo. Mientras los preparativos para las fiestas patrias avanzan, un reclamo feminista pone en jaque la programación oficial: la polémica gira en torno a Christian Nodal, cuyo concierto en Morelia ha sido cuestionado por colectivas de mujeres
Morelia amanece con carteles pegados en el Centro Histórico. Uno de ellos, frente a Palacio de Gobierno, resume el sentir de las protestantes: "No queremos ser cómplices. Que tu 15 de septiembre no lleve sangre de mujeres". La tensión entre celebración nacional y reclamo social marca el inicio de un septiembre caliente. Esta protesta se debe a la contratación, por parte del gobierno estatal, de un artista musical acusado de violencia de género, generando una ola de indignación entre grupos feministas.
Según el comunicado difundido por la agrupación feminista, "contratar a un artista públicamente señalado por violencia patriarcal es un acto de complicidad institucional". El argumento central apunta a las acusaciones de Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija, quien ha denunciado presuntas prácticas de control legal y emocional durante su proceso de separación.
Los datos duros no ayudan a calmar los ánimos:
- Michoacán registra 12 feminicidios mensuales en promedio, según el SESNSP.
- Ocupa el tercer lugar nacional en incumplimiento de pensiones alimenticias.
- El presupuesto para seguridad de mujeres se ha ejercido solo en 38% este año.
La petición en Change.org, que ya supera las 4,500 firmas, señala una contradicción punzante: "¿Cómo puede un gobierno que presume protocolos de género pagarle 15 millones de pesos a alguien con estas denuncias?". La cifra, aunque no confirmada oficialmente, circula entre los grupos activistas como muestra de prioridades invertidas.
Entre los pasillos de la Secretaría de Cultura estatal prefieren no hablar del tema. Fuentes cercanas al operativo del evento mencionan que el contrato ya está firmado y que cancelarlo implicaría multas millonarias. Sin embargo, reconocen que el malestar social ha obligado a replantear los protocolos de seguridad, ante posibles manifestaciones durante el espectáculo.
El silencio del artista contrasta con el ruido en redes. Mientras sus seguidores defienden la "separación entre arte y vida personal", las usuarias recuerdan que en 2022, el mismo gobierno canceló un festival por incluir a un artista acusado de violencia de género. El precedente judicial pesa: aquel caso terminó con una demanda por daño moral que el estado perdió.
El gobierno estatal enfrenta una disyuntiva compleja: cumplir con un contrato millonario o ceder ante la presión social y arriesgarse a sanciones económicas. El 15 de septiembre se aproxima, y la sombra de la controversia amenaza con opacar las festividades.
