EEUU amplía la militarización fronteriza en Arizona en 51 km
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su estrategia en la frontera sur con una medida que no pasó desapercibida: la creación de una nueva Zona de Defensa Nacional en Arizona, específicamente en Yuma
La militarización de la frontera sur de Estados Unidos alcanza niveles sin precedentes. Un nuevo sector, de 51 kilómetros de longitud, ha sido añadido a las áreas bajo control militar, situado adyacente al Barry M. Goldwater Complex, una base aérea de entrenamiento militar. Esta inusual proximidad intensifica las preocupaciones sobre el alcance y la naturaleza de la intervención militar en la gestión de la inmigración.
Este es el cuarto espacio militarizado a lo largo de la frontera, sumándose a otros ya existentes. Más de un tercio de la frontera sur se encuentra bajo control militar, pero la novedad reside en el cambio de estrategia: las fuerzas armadas ya no se limitan a la vigilancia. El teniente coronel Chad Campbell confirmó que las fuerzas armadas están realizando detenciones directas de migrantes. Señaló el caso de tres migrantes arrestados en junio en una zona similar en Nuevo México. "Fueron entregados a la Patrulla Fronteriza y acusados de ingresar ilegalmente a áreas militarizadas", explicó.
La base legal de estas acciones se encuentra en la poco conocida doctrina de propósito militar, que permite el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esta práctica ha generado controversia. Grupos de abogados defensores han criticado la falta de señalización adecuada en las zonas militarizadas, una deficiencia que ya ha llevado a un juez a desestimar cargos por invasión de propiedad militar en varios casos.
- Situación legal: Los migrantes aún enfrentan cargos por ingreso ilegal, un delito menor, pero siguen bajo custodia federal.
- Posibles penas: Las acusaciones combinadas podrían resultar en penas de hasta una década de prisión, a pesar de los precedentes de desestimación.
- Presencia militar: Antes de esta expansión, ya había 7,600 efectivos desplegados en las zonas militarizadas.
El gobierno argumenta que esta medida es crucial para la seguridad nacional, mientras que las organizaciones civiles denuncian una militarización excesiva de la frontera, calificándola como una violación de los derechos humanos de los migrantes. El debate continúa: ¿es esta una estrategia disuasoria efectiva o una respuesta desproporcionada que criminaliza a quienes huyen de la violencia y la pobreza? La resolución final dependerá, en última instancia, de la decisión judicial.
