Tribunal confirma inhabilitación de ex tesorero de Nogales hasta 2046 por abuso de funciones

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora confirmó una inhabilitación por dos décadas contra Carlos Castro Martín del Campo, ex tesorero de Nogales en la administración encabezada por el exalcalde y ahora diputado federal Jesús Antonio Pujol Irastorza.

La decisión, de carácter inapelable en esta instancia, avala la sanción por la falta grave de abuso de funciones, con base en omisiones y actos arbitrarios que mermaron las finanzas públicas, cuyo veredicto marca un precedente contundente en la fiscalización de los recursos municipales.

El documento oficial signado el 2 de octubre de 2026, contempla que, las investigaciones oficiales del expediente RA-71/2023, cuya sentencia resuelve improcedente el recurso de apelación del señalado, revelaron un daño patrimonial superior a los 9 millones de pesos al erario municipal de la ciudad fronteriza, donde el exfuncionario avaló de forma irregular un subsidio al empleo durante el ejercicio fiscal 2020, sin los documentos ni las pruebas para justificar dicho beneficio fiscal; esta acción provocó que el Servicio de Administración Tributaria impusiera recargos, multas y actualizaciones por retenciones omitidas.

En su defensa, Castro Martín del Campo argumentó violaciones a sus garantías procesales y acusó a funcionarios de la posterior administración de negligencia ante la autoridad hacendaria. El ex tesorero señaló de manera directa a la Síndico y a la Tesorera del trienio posterior como las verdaderas responsables de ignorar los requerimientos fiscales. Sin embargo, la Sala de Apelación desechó estos señalamientos por inoperantes y carentes de sustento jurídico.

La resolución judicial destaca que la responsabilidad del ex servidor público radica en su cargo en el momento de los hechos y en su deber ineludible de resguardar el patrimonio de los ciudadanos. Los magistrados determinaron la existencia de dolo en su proceder, pues conocía las inconsistencias en los saldos fiscales y aun así aplicó la medida de manera arbitraria. Este dictamen representa un golpe claro contra la impunidad en los altos niveles del gobierno sonorense.

Con este fallo definitivo, Carlos Castro Martín del Campo queda apartado de cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, así como inhabilitado para participar en adquisiciones u obras públicas hasta el año 2046. El castigo ejemplar ratifica el compromiso de las instituciones de justicia para sancionar el abuso de poder y garantizar la correcta administración del dinero de los contribuyentes; con la premisa que, el pleno del tribunal clausuró el caso como un asunto total y definitivamente concluido.