Avanza proceso legal por desalojo en predio del poniente de Nogales

A pesar de una orden judicial ejecutada por la fuerza pública, el desalojo de un predio privado de 40 hectáreas en el poniente de Nogales, Sonora, aún no se completa. El terreno, ubicado entre los sectores Pueblitos, Torres, Flores Magón y Nuevo Milenio, fue objeto de una alerta de invasión a mediados de septiembre, cuando más de 400 familias intentaron adjudicárselo.

Avanza proceso legal por desalojo en predio del poniente de Nogales

Situación Actual y Proceso Legal

La zona luce en su mayoría desocupada, pero el representante legal del propietario legítimo confirmó que mantienen un seguimiento contra seis personas que se resisten a desalojar el predio. Entre ellas, se ha identificado a un individuo con problemas de salud mental.

El caso está judicializado con una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que ha derivado en la detención de dos presuntos líderes.

Detenidos y Acusaciones

  •     Ramón “N” (Imputado Principal): Uno de los principales promotores y vocero del movimiento de invasión, Ramón “N”, permanece recluido en el Cereso local. Se le ejecutó una orden de aprehensión y fue vinculado a proceso por despojo de terrenos.
  •     Joven Detenida: También se confirmó la detención de una mujer de 22 años, a quien la investigación señala por supuestamente ostentarse como líder de una de las zonas y realizar cobros irregulares por la asignación de los predios.

Negociaciones y Seguimiento

Los propietarios legales del terreno y su defensa jurídica, quienes impulsaron el desalojo el pasado 8 de octubre, han señalado que la carpeta de investigación se mantendrá activa.

  •     Actualización de Datos: Se actualizará la situación de las seis personas que persisten en la zona.
  •     Posible Convenio: Existe la posibilidad de que el imputado Ramón “N” pueda llevar su proceso en libertad, siempre y cuando cumpla con ciertas exigencias que negocia actualmente con la defensa legal del predio.

El caso subraya la tensión entre la necesidad de vivienda y el respeto a la propiedad privada en la región.