Familias desalojadas solicitan intervención de gobernador y alcalde por presunta violación de derechos humanos
El documento especifica que, los testigos señalan que los civiles mostraron un supuesto documento que parecía una denuncia, sin sello oficial ni firma de autoridad competente
Como seguimiento a lo que llaman una presunta violación de derechos humanos por desalojo arbitrario, representantes de la mesa directiva del grupo de familias que invadieron un predio al poniente de Nogales, Sonora, solicitaron intervención del gobernador Alfonso Durazo y del alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Esto a través de un oficio firmado por Héctor Rogelio Torales Díaz, presidente nacional e internacional de la Organización Fuerza Bienestar México, de Comunidad de Derechos Humanos A.C. y la Confederación Diplomática de Derechos Humanos Internacionales, así como Juan Pérez Gil, representante de Usos y Costumbres, Defensor de Derechos Humanos, delegado nacional de Fuerza Bienestar México y de Comunidad de Derechos Humanos A.C.
La carta fue entregada este viernes en la oficina del presidente municipal de Nogales Juan Francisco Gim Nogales y presenta sello de recibido también en la oficina del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, en la que solicitan una investigación en el caso.
El documento refiere que el 8 de octubre a las 7:00 horas un grupo de personas civiles ingresó a un predio ubicado entre calles Mariano Monteverde y calle Don Bosco, en la zona conocida como Torres del Mar, sin previo aviso, orden judicial o notificación alguna, procedieron a desalojar a las familias y destruir sus bienes materiales.
El documento especifica que, los testigos señalan que los civiles mostraron un supuesto documento que parecía una denuncia, sin sello oficial ni firma de autoridad competente y que no fue presentado por ningún actuario, ni autoridad judicial.
Agrega que arribó al lugar un individuo que se ostentó como propietario, quien resultó ser empleado de una inmobiliaria, acompañado de elementos de la Policía Municipal, con lo que se consumó el desalojo y la destrucción de viviendas y pertenencias.
Una mujer integrante de la mesa directiva de lo que llaman lucha social para negociar la adjudicación y venta de este predio, confirmó que este documento se entregó en la oficina del mandatario nogalense y del Estado para efectos de solicitar su intervención y una investigación, al precisar que son 25 integrantes de la mesa directiva y representación de familias que van por el orden de las 300 a 500 que encabezan esta lucha.