Sheinbaum elude pregunta sobre propiedad de Noroña; lanza crítica política
La mañana en Palacio Nacional arrancó con una pregunta incómoda que dejó al descubierto la estrategia discursiva del gobierno; mientras los reflectores apuntaban hacia un tema en particular, la respuesta oficial redirigió el foco hacia un asunto de mayor peso político
La polémica desatada por la lujosa residencia del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán tomó un giro inesperado. En lugar de una respuesta directa, la presidenta Claudia Sheinbaum confrontó la situación con una pregunta retórica, desatando una ola de especulaciones.
"¿Acaso la adquisición legal de una propiedad eclipsa la gravedad de la implicación de García Luna con el narcotráfico, tal y como lo ha expuesto la DEA?", cuestionó Sheinbaum, dejando a muchos pensando en las implicaciones de su respuesta.
El detalle de la propiedad en cuestión –una casa de 1,201 m² de terreno valorada en 12 millones de pesos– adquirida en noviembre de 2024 según la declaración patrimonial de Fernández Noroña, ha generado un debate intenso.
- El senador afirma que se trata de una propiedad que rentaba desde hace años, adquirida ahora mediante un crédito.
- Sin embargo, reportes periodísticos sugieren que el financiamiento se obtuvo mediante un préstamo personal con altas tasas de interés, no un crédito hipotecario tradicional.
- Fernández Noroña asegura que el pago se realiza con su salario legislativo, aunque sus ingresos adicionales – 72,500 pesos mensuales por columnas periodísticas, 188,000 pesos por su canal de YouTube en 2023 y 6,200 pesos bimestrales de pensión– complican la narrativa.
La estrategia de Sheinbaum parece ser más profunda. Su comentario vinculando el escándalo con la "complicidad de medios durante el periodo de Calderón" y la mención reiterada de Genaro García Luna, apuntan a una posible maniobra para desviar la atención hacia la corrupción del pasado, mientras se enfrentan a preguntas sobre la transparencia del presente.
La comparación entre el caso García Luna y la situación de Fernández Noroña es, cuando menos, controversial. Mientras uno enfrenta acusaciones de narcotráfico, el otro, un legislador en activo, se defiende de cuestionamientos sobre el origen de sus recursos. La pregunta clave permanece: ¿se busca proteger a un aliado político o desviar la atención de temas más incómodos para la administración?
El tiempo, sin duda, será el juez final en este intrincado juego político. La estrategia de la Presidencia, por ahora, ha logrado desviar la atención, pero la investigación periodística y la opinión pública seguirán exigiendo respuestas claras y contundentes.
