Revés judicial a la casa blanca: Jueza detiene recortes federales en medio del bloqueo legislativo
La tensión en Washington sigue escalando mientras el cierre parcial del Gobierno estadounidense cumple su segunda semana. Este miércoles, un fallo judicial inyectó un nuevo giro al conflicto: la jueza federal Susan Illston, del Distrito Norte de California, ordenó frenar temporalmente los despidos masivos de empleados públicos que la administración Trump planeaba ejecutar
Una magistrada federal emitió un fallo protegiendo a los trabajadores federales del gobierno, argumentando que podrían enfrentar "daños irreparables" si se procedía con los recortes de personal antes de que se resuelvan las demandas laborales presentadas. La orden judicial protege específicamente a los empleados cuyos puestos están directamente ligados a los cierres en curso.
La decisión llega en un contexto de profunda crisis: 4,100 empleados ya fueron despedidos en las últimas semanas, y se estima que 1.3 millones de trabajadores están laborando sin salario o se encuentran suspendidos. Las demandas presentadas por los grupos de afectados alegan violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo. Fuentes del Departamento de Justicia han confirmado que la administración apelará la decisión de la jueza.
En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump evitó referirse directamente al fallo, pero reafirmó su postura de continuar "ajustando el personal en agencias clave, especialmente donde haya lealtades cuestionables", en lo que se interpreta como una alusión a funcionarios vinculados al Partido Demócrata.
El epicentro del problema sigue siendo el Senado, donde republicanos y demócratas fracasaron por novena vez consecutiva en aprobar cualquier propuesta de financiamiento provisional. El senador John Kennedy advirtió que el conflicto podría convertirse en el cierre gubernamental más largo de la historia, atribuyendo la responsabilidad a quienes se niegan a negociar.
Los principales puntos de estancamiento legislativo incluyen:
- Fondos para el programa de salud Obamacare.
- Recursos destinados a la atención médica en comunidades marginadas.
- Mecanismos de supervisión al gasto en seguridad fronteriza.
Con asociaciones de empleados federales preparando nuevas acciones legales y sin avances legislativos, se estima que el impacto económico del cierre podría superar los $6,000 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
