Juez bloquea deportación de niños migrantes centroamericanos en EE.UU.
La batalla legal por el futuro de decenas de niños migrantes centroamericanos en Estados Unidos tomó un giro este jueves, cuando un juez federal en Arizona frenó temporalmente los planes de deportación impulsados por el gobierno; la medida protege, por ahora, a menores de Guatemala y Honduras que llegaron solos a territorio estadounidense y permanecen bajo custodia en albergues o casas de acogida
Una jueza de Arizona ha frenado la deportación inmediata de 69 niños migrantes, 57 guatemaltecos y 12 hondureños, tras cuestionar la preparación de sus familias para recibirlos en sus países de origen. La decisión, tomada por la jueza Rosemary Márquez, suspende temporalmente el regreso de menores que se encontraban bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses.
El fallo, que extiende una orden restrictiva hasta el 26 de septiembre, se basa en preocupaciones sobre el cumplimiento de protocolos de protección infantil establecidos en la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata de 2008. Abogados defensores argumentan que el gobierno estadounidense está violando estos derechos al deportar a los menores sin garantizar:
- Un proceso justo ante un juez de inmigración.
- Acceso a representación legal adecuada.
- Su ubicación en entornos que garanticen su bienestar y seguridad.
Testimonios presentados en corte revelan que los niños expresan temor a regresar a sus países de origen, citando riesgos como la negligencia, la posible exposición a redes de trata de personas y complicaciones por condiciones médicas preexistentes. "No se puede hablar de reunificación familiar si se ignora la voz y las preocupaciones de los menores," declaró Laura Belous, abogada del Florence Immigrant & Refugee Rights Project.
La administración anterior defendió sus acciones como "en el mejor interés de los niños", alegando que se estaban siguiendo los acuerdos diplomáticos con Guatemala. Sin embargo, la jueza Márquez calificó como "alarmante" la falta de coordinación con las familias de los menores y la notificación tardía a los abogados sobre los planes de deportación. La fiscal asistente, Denise Ann Faulk, argumentó que el proceso evitaría futuras prohibiciones de entrada a EE.UU.
El caso resalta las complejidades de la política migratoria estadounidense hacia menores no acompañados. Las cifras oficiales de 2024 indican que los guatemaltecos representaron el 32% de los menores en centros de detención, superando a hondureños, mexicanos y salvadoreños. A pesar de la disminución en los cruces fronterizos, el futuro de estos 69 niños permanece incierto, a la espera de la próxima audiencia judicial.
La demanda inicial, presentada en Arizona, se amplió recientemente para incluir a cuatro niños guatemaltecos adicionales. Acciones legales similares se desarrollan en Illinois y Washington D.C., donde grupos defensores de los derechos humanos buscan detener las deportaciones aceleradas. La resolución final, prevista para finales de septiembre, determinará si el gobierno deberá otorgar procesos individuales a cada menor o si procederá con las deportaciones.
