Gobernadora Noem enfrenta acusaciones de abuso migratorio y agresión
La presión contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escaló a niveles críticos esta semana; una coalición sin precedentes, integrada por más de 70 organizaciones civiles, sindicatos y defensores de derechos migratorios, "documentó un patrón de violaciones sistemáticas" que ahora exige investigación formal en el Congreso
Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, con graves acusaciones contra la Secretaria Kristi Noem que amenazan con derivar en una profunda investigación congresional.
El caso, que ha desatado una ola de indignación nacional, se centra en una serie de acciones controversiales por parte del DHS bajo el liderazgo de Noem. Acusaciones que incluyen una presunta manipulación sistemática de la ley migratoria, generando consecuencias devastadoras para numerosos ciudadanos y residentes legales.
- Detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses por parte del ICE, con testimonios que apuntan a la manipulación de pruebas y testigos.
- Deportaciones ilegales de residentes legales, incluyendo casos con evidencias de falsificación de documentos oficiales para justificar las expulsiones.
- Un supuesto incidente de agresión física por parte de agentes del DHS contra el senador Alex Padilla durante una conferencia de prensa.
La gravedad de los señalamientos ha llevado a organizaciones como Voto Latino a exigir una investigación inmediata e independiente. María Teresa Kumar, presidenta de la organización, declaró: "Bajo el mando de Noem, el DHS se ha convertido en un instrumento de represión política, allanando hogares de familias vulnerables e ignorando la supervisión congresional."
El caso de Sabrina Medina, una ciudadana estadounidense embarazada detenida junto a sus hijos el pasado 13 de junio en California bajo acusaciones falsas, se ha convertido en un símbolo de las prácticas denunciadas. Testigos aseguran que agentes del DHS desactivaron cámaras de seguridad antes de la operación.
Otro caso paradigmático es el de Kilmar Ábrego García, un residente legal con orden judicial de protección que fue deportado ilegalmente a El Salvador. Aunque la administración lo ha catalogado como un "error administrativo," las organizaciones involucradas presentan pruebas que indican la falsificación de registros para justificar la deportación.
Una carta dirigida a líderes del Senado y la Cámara, firmada por destacadas organizaciones como la National Education Association y LULAC, detalla una serie de políticas implementadas por el DHS bajo el mando de Noem, que buscan limitar la transparencia y la rendición de cuentas:
- Restricciones a las visitas de supervisión a centros de detención.
- Retraso deliberado en las respuestas a solicitudes de información.
- Desobediencia a órdenes judiciales en materia de deportaciones.
La carta concluye advirtiendo sobre la erosión de los derechos constitucionales bajo la administración de Noem. En redes sociales, el hashtag #NoemInvestigation ya ha superado las 120,000 menciones. La situación se agrava por el aumento del 217% en las deportaciones de residentes legales en el último trimestre, según datos oficiales. Expertos legales anticipan una oleada de demandas federales contra el DHS.
El futuro de Noem y la transparencia del DHS penden de un hilo, mientras la presión política para una investigación exhaustiva se intensifica cada día.
