Migrantes denuncian violaciones en mega-prisión salvadoreña: Venezuela investiga
Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y El Salvador escalan tras denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos contra migrantes venezolano; el gobierno de Nicolás Maduro decidió mover fichas en un caso que involucra a dos de las administraciones más polémicas de la región
Un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, mediado por terceros países aún no revelados, ha destapado una olla a presión: la denuncia de condiciones inhumanas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, donde se encuentran recluidos más de 250 venezolanos deportados desde Estados Unidos durante la administración Trump. La Fiscalía General de Venezuela ha iniciado una investigación basándose en alarmantes testimonios de los afectados.
Las figuras centrales en el escándalo:
- Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuyo silencio ante las acusaciones es cada vez más inquietante.
- Gustavo Villatoro, ministro de Justicia salvadoreño, clave en la gestión del CECOT y en las negociaciones del intercambio de prisioneros.
- Osiris Luna, director del sistema penitenciario salvadoreño, responsable de las condiciones dentro del controvertido centro de reclusión.
- Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, quien lidera la investigación que podría generar una crisis diplomática.
El viernes pasado, la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela, como parte del intercambio, arrojó luz sobre la situación de los venezolanos deportados. Las conversaciones secretas, que incluyeron a países no identificados, han generado especulaciones sobre la presión internacional ejercida para lograr el acuerdo.
Los testimonios recogidos por las autoridades venezolanas pintan un cuadro desolador: hacinamiento extremo, restricciones severas al acceso al agua potable y largos periodos de aislamiento, con algunos reclusos reportando hasta 23 horas diarias confinados en sus celdas. Un funcionario del Ministerio Público, bajo condición de anonimato, ha confirmado la gravedad de los informes.
La presión desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, podría tener consecuencias geopolíticas de gran envergadura. Analistas advierten que este caso podría tensar las relaciones entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos, países con posiciones radicalmente diferentes en temas de migración y derechos humanos. El silencio del gobierno salvadoreño alimenta las sospechas y genera una creciente preocupación internacional.
El CECOT, inaugurado en 2023 como símbolo de la guerra contra las pandillas en El Salvador, ya acumula denuncias de organizaciones internacionales por violaciones de derechos humanos. La investigación venezolana, sin embargo, marca un precedente: es la primera vez que un gobierno latinoamericano investiga formalmente las operaciones del polémico centro de detención, elevando las apuestas y abriendo un nuevo capítulo en la compleja dinámica política regional.
