En marcha la nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar
El compromiso público y la responsabilidad legal será que cada proyecto de infraestructura sea garante del bienestar social, es decir, tenga un impacto favorable en la vida de las personas y de las familias
En el último periodo legislativo, en el Senado de la República aprobamos la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual fue impulsada por la presidenta de la República en torno al Plan México y al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.
Con el nuevo marco normativo que está vigente desde el 9 de abril pasado, así como la firma de diferentes decretos presidenciales, comenzó la implementación de la política pública en materia de infraestructura que tiene como meta sexenal una inversión mixta de 5.6 billones de pesos a distribuirse en 1,500 proyectos de energía, ferroviarios, carreteros, portuarios, aeroportuarios, hídricos y de salud.
El compromiso público y la responsabilidad legal será que cada proyecto de infraestructura sea garante del bienestar social, es decir, tenga un impacto favorable en la vida de las personas y de las familias; sea detonante del desarrollo de todas las regiones, aprovechando su ubicación geográfica, potencial en recursos naturales y valor turístico; y contribuya a que el país cuente con la infraestructura necesaria para el crecimiento de las industrias y el comercio.
La nueva política de infraestructura para el bienestar se financiará a través de mecanismos de inversión mixta, que incluyen la participación de recursos públicos y privados; bajo esquemas que aseguren la certeza jurídica, la transparencia en el uso de los recursos, la agilidad del proceso de selección de los proyectos y la eficacia de las obras.
Para lograrlo, los proyectos de inversión serán evaluados por el Comité de Inversiones, un órgano creado en la ley de infraestructura y que está integrado por las y los titulares de varias secretarías de la Administración Pública federal, entre ellas, la Secretaría de Economía y la Agenda de Transformación Digital. Este comité encargará de autorizar su ejecución en un plazo máximo de 30 para proyectos prioritarios, y en máximo 90 días cuando se trate de otros proyectos.
Las prioridades de inversiones están radicadas en aquellos proyectos planeados en los polos de desarrollo estratégicos –por ejemplo, el que se está desarrollando en Hermosillo--; cuando sean proyectos con una inversión igual o superior a 2 mil millones de pesos; o bien, iniciativas vinculadas a sectores estratégicos del Plan México, específicamente, energético, tecnológico, químico, electrónico, textil, de semiconductores, de dispositivos médicos y farmacéuticos, aeroespacial o automotriz.
Adicionalmente, el Gobierno de México se ha valido de la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, la cual fue creada por decreto de la presidenta de la República para dar seguimiento al trámite de los proyectos de inversión, brindar asesoría y acompañamiento a las empresas, a fin de acelerar las inversiones.
En otras palabras, la prioridad es tal que la presidenta Claudia Sheinbaum se encargará personalmente del seguimiento.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República
