La Gobernadora Hobbs pausa los recortes a servicios para personas con discapacidad en Arizona tras protestas
La presión colectiva logró lo que parecía imposible: frenar, al menos temporalmente, una medida que afectaría directamente a miles de familias vulnerables; la gobernadora Katie Hobbs dio marcha atrás en los polémicos recortes a servicios para niños con discapacidades en Arizona, tras semanas de protestas y reclamos públicos
La Gobernadora Hobbs ha ordenado la pausa inmediata de los polémicos recortes presupuestarios a los servicios de la División de Discapacidades de Desarrollo (DDD), que estaban afectando a unas 18,000 familias en Arizona. Este anuncio se produce solo dos semanas después de que la implementación de los ajustes generara caos e incertidumbre, y es considerado un "gran logro en la comunidad", según Brandi Coon, directora ejecutiva de Raising Voices Coalition.
El conflicto surgió por el argumento estatal de que el gasto en estos servicios se disparó de $77 millones a $614 millones tras la pandemia. Sin embargo, los recortes amenazaban con limitar el acceso de miles de menores a terapias y cuidados básicos esenciales como baño, vestimenta y habilidades cotidianas. La Gobernadora Hobbs respondió ordenando la revisión de la herramienta de evaluación utilizada para determinar los recortes, la cual fue calificada por especialistas como "rígida e injusta" por no contemplar "necesidades complejas ni situaciones extraordinarias".
Este giro se concretó gracias a una alianza inusual entre activistas, demócratas y la presión de republicanos. La Fiscal General Kris Mayes facilitó el proceso al avalar las modificaciones mediante un procedimiento de emergencia, lo que permitió evitar el largo y lento proceso legislativo.
Ahora, el programa de Medicaid estatal (AHCCCS) deberá garantizar varios puntos clave:
- Las familias tendrán derecho a solicitar excepciones para cuidados especializados.
- Se incluirá la participación de médicos y proveedores para rediseñar los nuevos criterios de evaluación.
- Se realizarán sesiones informativas virtuales en noviembre.
Pese a la celebración, el alivio podría ser temporal, ya que la orden solo garantiza una pausa hasta que se complete la revisión del modelo de evaluación. El escepticismo persiste entre los afectados, como Mariana Ríos, madre de un niño con parálisis cerebral, cuyas palabras reflejan que "la batalla continúa" en un estado donde el 7% de la población infantil vive con alguna discapacidad.
