Jueza de Tucson suspende deportación de 69 niños migrantes por falta de reunificación familiar
En un movimiento que ha encendido el debate sobre los derechos de los menores migrantes, un juez federal en Arizona frenó en seco los planes de deportación acelerada de decenas de niños no acompañados procedentes de Centroamérica; la orden judicial llega en medio de denuncias de organizaciones civiles que acusan al gobierno de violar protocolos básicos de protección infantil
Una jueza federal en Tucson, Rosemary Márquez, ha emitido una orden preliminar que otorga protección temporal a 69 menores de Guatemala y Honduras, deteniendo sus procesos de expulsión. La resolución critica la ausencia de un "esfuerzo verificable" por parte de las autoridades para reunificar a estos niños con sus familiares antes de proceder a la deportación.
El fallo subraya que "no existe evidencia de que se haya realizado coordinación efectiva con autoridades en los países de origen".
La Batalla Legal y el Contexto de los Menores
El litigio fue interpuesto por el Florence Immigrant and Refugee Rights Project, organización que documentó graves irregularidades. La subdirectora del grupo, Roxana Ávila Cimpeanu, informó que, al momento de emitirse la orden judicial, al menos 12 niños ya estaban siendo embarcados en vuelos de deportación sin acceso a representación legal.
El perfil de los menores es delicado: el 80% huyó de violencia pandilleril o abuso doméstico. Además, las redadas dirigidas a posibles tutores han generado un "efecto paralizante" en las comunidades migrantes.
Aunque la llegada de menores no acompañados ha disminuido un 75% respecto a 2024, las deportaciones exprés han aumentado un 40% bajo el nuevo protocolo "Protección Fronteriza". Este caso legal pone en jaque la facultad del gobierno de actuar sin la intervención de tribunales de inmigración.
Los 69 menores están actualmente en albergues temporales, donde, a pesar de recibir alimentación básica, carecen de atención psicológica especializada. Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional apele la decisión judicial en las próximas 72 horas.
